Subsidios de distintas características se han ido sumando en el tiempo y acumulan una pesada carga que genera una estructura injusta, antitécnica y desequilibrada de este instrumento de política fiscal.
El Ecuador subsidia los combustibles, la generación termoeléctrica, la seguridad social, y mantiene una política clientelar de bonos.
En tiempos de crisis, atender a quienes requieren apoyo de urgencia está bien, pero si esos subsidios se vuelven un derecho adquirido se convierten en una carga que terminan pagando todos.
Jamil Mahuad implantó el Bono de la Pobreza; hoy se le llama Bono de Desarrollo Humano, como si con USD 35 se pudiese alcanzar el desarrollo. La caridad disfrazada de bono es populismo. La responsabilidad de un gobierno es generar condiciones para crear fuentes de trabajo, propiciar seguridad jurídica y fomentar la inversión privada. El bono debe ser productivo.
Los subsidios encierran una fantasía discursiva. Hay muchos ecuatorianos que se ven beneficiados con una bombona de gas que pueden pagar. Si se elimina ese subsidio y se lo focaliza es probable que se pueda liberar recursos para otros gastos más importantes. El subsidio a los combustibles genera otra inequidad. Millones se derrochan para pagar la ineficiencia y la falta de oportunas decisiones para emprender en obras hidroeléctricas que ahora se inician. ¿Cuántos millones hubiese ahorrado y se pudiese haber destinado a lo fundamental: salud, obra pública, escuelas?
La eliminación de subsidios se atribuía a los neoliberales y nunca se quiso analizar. Ahora con las fuentes de préstamos cerradas y un déficit considerable ad portas, revisar la estructura de subsidios ya no le parece tan neoliberal al Gobierno del socialismo del siglo XXI.