2 de November de 2011 00:02

‘RENUNCIAR’ A LA FUERZA

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Una decisión del Poder Ejecutivo, mediante el decreto 813, pone en vigor la renuncia obligatoria que afectaría a más de 3 800 empleados públicos. Preocupa de manera especial lo que ocurre con médicos especialistas que atienden a los usuarios en el sistema de salud del Estado.

La gran demanda de servicios de salud pública por parte de las clases más desposeídas, generada por una millonaria propaganda y a la que sin duda la población tiene derecho por mandato constitucional, contrasta con distintos problemas presentados en el sector. Falta de camas, escasas existencias de medicinas, largas horas de espera.

La situación pudiera agravarse cuando en distintos hospitales públicos del país se anuncia la salida de un numeroso grupo de médicos y otros funcionarios, entre ellos varios especialistas, sembrando la incertidumbre entre miles de pacientes.

Formar médicos y prepararlos con estudios universitarios y programas de posgrado para distintas especialidades supone para el erario nacional y para la economía privada de las familias, millonarios esfuerzos económicos. Además, es invalorable la acumulación de experiencias que los médicos adquieren a lo largo de los años. Las constantes actualizaciones en seminarios y congresos nutren tanto como la práctica profesional que reviste además una considerable carga de trabajo en los hospitales del sector público. Por eso es inexplicable que se desechen los largos años de experiencia, de aquella que “crea ciencia”, tanto en la atención al público como en la formación de los nuevos médicos. En cualquier esquema técnico, no parece deseable que, como reza el dicho popular, se desvista un santo para vestir otro. Que se emplee a nuevos médicos que requieren trabajar, pero se olvide a los expertos.

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