Quito vuelve a experimentar la apertura de las Unidades de Policía Comunitaria (UPC), que habían empezado a cerrarse y cuyas instalaciones lucían abandonadas.
La decisión, favorable a los afanes de los vecinos de contar con policías cuyas estaciones se encuentren en las cercanías, es saludable y bien valorada por los habitantes de la capital.
El Ministerio del Interior retomó la idea, como parte de una política estatal de lucha contra el crimen, que temporalmente había sido abandonada en función de otro modelo de gestión, pero que no dio resultado.
Pero el clamor ciudadano y, seguramente alguna valoración de los índices de criminalidad y violencia en los barrios, logran revertir el abandono del plan de seguridad.
De momento se han reabierto 38 unidades- hubo 205-, han sido reubicadas en un lugar de mejor proyección 42; se han inaugurado 31 locales nuevos. El Ministerio del Interior anuncia que se abrirá un total de 62 UPC más.
El plan de una policía comunitaria no es nuevo. Hace dos décadas incluso existieron pequeñas casetas llamadas Puestos de Auxilio Inmediato (PAI), financiadas por empresas privadas, pero aquel programa desapareció.
La idea es acercar a la Policía al barrio, a la gente; es importante dotarla de instrumentos como computadoras, GPS, telecomunicaciones y vehículos, así como de presupuesto suficiente para un mejor servicio en la cruzada nacional de lucha contra la delincuencia y el crimen.