A los pocos días de la promulgación en el Registro Oficial de la Ley Orgánica de Comunicación llega una carta de la Relatoría para la Libertad de Expresión, respetuosa y contundente.
La Relatoría, encabezada por Catalina Botero, es un organismo con sede en Washington bajo el amparo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la OEA. Es una de las prestigiosas entidades que el Gobierno ecuatoriano intentó desarmar sin éxito alguno en las últimas reuniones en Washington y Guatemala. El organismo ha seguido de cerca, con expertos y completa investigación, los casos y las denuncias de lo que ocurre en Ecuador sobre el tema.
El nuevo pronunciamiento de la Relatoría contiene temas claves. Hace notar la gravedad de que la comunicación sea considerada servicio público, expresa su preocupación seria sobre el carácter de los organismos de Control y Regulación (Consejo y Superintendencia) y su estrecha relación con Ejecutivo. La relatoría remarca que deben ser autoridades independientes protegidas contra las injerencias políticas y comerciales.
Considera que hay normas ambiguas y exorbitantes, como el linchamiento mediático.
Asimismo, exhibe los instrumentos internacionales que impiden limitar el ejercicio de las tareas periodísticas solo a los periodistas titulados.
Una carta que el poder y los ciudadanos debieran leer.