El miércoles, en la Asamblea Nacional, el Superintendente de Bancos confirmó su pedido a las entidades del sector financiero.
Se quiere registrar el retiro mensual de USD 5 000 o más para personas naturales y de USD 100 000 o más para personas jurídicas. La autoridad sustenta su petición en una circular, firmada por el Intendente General, y justifica la decisión en ‘dar seguimiento a los depósitos’.
La reacción del sector bancario privado no se dejó esperar. El Presidente de la Asociación dijo que se trata de una decisión que preocupa enormemente. El ente está estudiando la legalidad de la medida, pero considera que es una violación a la privacidad y al derecho de protección de datos que la banca debe garantizar a sus clientes. Apuntó que cualquier movimiento anormal es reportado a la Unidad de Inteligencia Financiera, en casos puntuales.
El Banco Pichincha estima que se violaría el sigilo bancario, que es un derecho de las personas. Un pronunciamiento oficial de esta entidad bancaria lo formuló su Presidente Ejecutivo. Si bien reconoció la autoridad de la Superintendencia para regular a los bancos, cuestionó que pueda hacerlo con los cuentacorrentistas. “No vamos a proporcionar información en condiciones tales,
que puedan violar normas expresas de la Constitución y de la Ley”, dijo.
Conviene reflexionar sobre la conveniencia de la medida, tomando en cuenta que los depósitos son producto de la actividad del trabajo de los ecuatorianos y es su libertad disponer de esos dineros.