El sábado, el alcalde Mauricio Rodas decidió acogerse a la normativa para declarar la emergencia ante la actividad del Cotopaxi.
La noticia, comunicada apenas el lunes, está vinculada al contexto del Estado de excepción que rige a escala nacional, para centralizar la información y tomar decisiones respecto del estado del volcán Cotopaxi.
Para el caso de Quito, se trata de poder contar con instrumentos legales, contratar obras y tomar decisiones sobre aspectos que podrían requerirse, siempre y cuando la situación de evolución de la actividad volcánica lo demande.
Los requerimientos deberán estar plenamente justificados y la responsabilidad recae en el primer personero de la ciudad. Demás estaría decir que esos procesos de contratación -solamente explicados y justificados en caso de emergencia- deben ser transparentes y serán supervisados por la Contraloría. Solo se haría expedita y ágil su utilización con el fin de cumplir las exigencias en tiempo y disposición de material.
Mientras tanto, y más allá de la información pública que canalizan el Ministro de Seguridad y la Secretaría de Riesgos, cabe anotar que varias alcaldías de las zonas potencialmente vulnerables ante una eventual erupción, han profundizado su preparación. Mantienen cada vez más contacto con la gente y toman precauciones para ejecutar una evacuación, solo si llega a darse una erupción, de la mejor manera, ordenadamente y con solidaridad y responsabilidad social. Una imprescindible premisa.