La mayoría oficialista de la Asamblea Nacional tomó el juramento a los nuevos vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ( CPCCS).
Todo sería normal si no fuese que la ausencia de la oposición se concertó para resaltar una realidad difícil de digerir: todos los vocales nuevos, sin excepción, han sido funcionarios del Régimen.
Se podrá decir, como se ha dicho, que alcanzaron las mejores puntuaciones en un concurso de oposición y méritos cuyos intersticios fueron cuestionados.
Se podrá decir que son ciudadanos de bien y de eso no puede caber duda, a riesgo de hacer un juicio anticipado de valor.
Pero la forma de concebir al Consejo que una mayoría de legisladores aprobó en la Asamblea Constituyente de Montecristi perseguía otros propósitos. Se trataba de abrir la opción para que la ciudadanía se expresara y a través del ejercicio libre de ciudadanos solo comprometidos con el país se ejerciera un novedoso quinto poder que revolucionaba los cimientos del estado de Derecho clásico.
Hasta aquí todo iba bien, pero la influencia innegable del poder Ejecutivo en la formación del primer Consejo y los vínculos incuestionables de todos los actuales vocales con el Régimen ya no dejan dudas. La imparcialidad y libertad de los vocales nacen con un pecado original y la mancha le acompañará siempre.
En un modelo de poder concentrado que lo copa todo, el nuevo CPCCS es una réplica de una construcción carente de pluralismo e independencia.