Seis meses es el plazo que se dieron el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y los cabecillas de la guerrilla para sellar la paz.
El anuncio efectuado en La Habana y con el testimonio del presidente cubano, Raúl Castro, fue el epílogo de esta fase que acordó la creación de un tribunal de paz especial para juzgar a los involucrados en el conflicto armado que, se calcula, ha costado 220 000 muertos -muchos de ellos personas inocentes-, destrucción y zozobra a toda la sociedad.
La idea es juzgar los crímenes de lesa humanidad sin excluir los actos criminales, terroristas y torturas, garantizando a su vez el debido proceso. Fuera de la Ley de Amnistía, indispensable en todo proceso de paz, quedarán los presuntos responsables de crímenes horrendos.
Colombia merece una época de paz. Sin desmerecer la lucha que dio la institucionalidad colombiana para desarticular a la narco-guerrilla, especialmente durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe, la derrota militar lució imposible pero obligó a los guerrilleros a negociar.
El proceso todavía tiene campos minados como la reinserción de los alzados en armas o la participación política de los guerrilleros( acordada ya).
La fecha para la entrega total de las armas no debe pasar de seis meses.
Para el Ecuador, la firma de la paz en Colombia supone replantearse retos como el reforzamiento y rol de las Fuerzas Armadas en el cuidado de la frontera norte para preservar la soberanía y evitar filtraciones de violentos dispersos que puedan afectar nuestra paz interna.