Si bien es cierto que el régimen de Rafael Correa ha elaborado un discurso que habla de una lucha planetaria contra los medios privados y que llama mercantilistas, su afán de controlar los contenidos, así como su filosofía de los medios como bienes públicos, cada vez se hace más manifiesta.
La última entrevista en diario El País de España así lo corrobora. Allí el Presidente expresó su deseo: la libertad de expresión debe manejarse desde el Estado.
Como parte del discurso de confrontación que ha enarbolado el Gobierno, el insulto superó a la reflexión, la descalificación pudo más que la tolerancia y los juicios y vindictas superaron la aconsejada lógica que supone el respeto a la opinión ajena. Los juicios contra medios y periodistas, las cadenas y el señalamiento de periodistas críticos como supuestos contendientes políticos han sido la tónica.
El tratamiento del caso ecuatoriano en la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos de la OEA, los pronunciamientos de entidades respetables del continente y el mundo y la divulgación del ambiente hostil contra la prensa libre trascendieron fronteras.
El Gobierno parece darse cuenta de que en ese terreno necesita trabajar para recuperar la imagen perdida. Quizás por eso se explican los acercamientos a medios mundiales que quieren mostrar al público nacional un supuesto reconocimiento internacional de la llamada revolución ciudadana y su líder, minados por una política de intolerancia.