Todo parece un nuevo capítulo de la ‘guerra planetaria’ que ha declarado el presidente Rafael Correa contra los medios privados. Una de las noticias de los últimos días es la prohibición del Presidente, dentro de su particular política agresiva contra los medios privados, para que sus funcionarios den entrevistas a dos canales de alta sintonía en el país y a los diarios de mayor incidencia nacional.
Esto supone no contar con espacios periodísticos donde se pueda inquirir, preguntar, desde el papel de una prensa independiente en el mundo libre. Solo entregarán informes, boletines, versiones para apuntalar una estrategia de propaganda, acaso eficaz, pero nunca suficiente ni transparente del deber que tienen los funcionarios: dar la cara.
Cuando el Régimen inicia una nueva etapa de una larga y continua campaña electoral, como ha concebido el ejercicio del poder, acaso no quiere preguntas incómodas. No responde sobre las denuncias que los medios privados con sus investigaciones sacan a la luz; no quiere dejar espacio al derecho de la sociedad a saber.
Se tacha a los medios privados como mercantilistas, como si las ganancias que pagan sus impuestos no fuesen una actividad legal y legítima. ¿Mercantilistas serán también las agencias internacionales de prensa que ejercen su derecho a generar riqueza y utilidades? ¿O los canales “incautados” que defienden su orientación a los resultados económicos? Otra noticia fue la incautación de equipos y el retiro de frecuencias a al menos 20 radiodifusoras. Esta acción, que viene aparejada con el nuevo ataque a los medios privados, pudiera reforzar la presencia de medios públicos y comunitarios relacionados con la visión gubernamental.
Un mapa confuso para el ejercicio de la libertad en el arranque de la próxima campaña presidencial.