El Poder Ejecutivo envió a hace dos años un ambicioso proyecto para reunir en un solo Código Orgánico Penal Integral las complejas normas del Código Penal, del de Procedimiento Penal y del de Ejecución de Penas. Con las disposiciones transitorias son más de 1 000 artículos.
Si bien la discusión en la comisión parlamentaria se dilató y allí se recibieron comentarios, puntos de vista y hasta objeciones de la academia y de colectivos sociales, el vértigo político impuesto para estos días da la sensación de que, en efecto, como se ha comentado, las prisas las pone el cónclave del GAFI (Grupo de Acción Financiera), que anteriormente observó procedimientos de nuestro país.
Compelidos por las autoridades legislativas, los asambleístas no han parado de reunirse durante el feriado para completar su tarea. Parlamentarios de oposición y algunos entendidos en la extensa rama no ven en esta velocidad una buena señal; consideran que el nuevo instrumento legal pudiera aprobarse sin la suficiente discusión en el ámbito natural del Pleno de la Asamblea.
De esa expedita tramitación queda también la sensación de una nueva norma rígida como respuesta ante la demanda social de actuar contra la inseguridad, de una ley punitiva, una respuesta más propia de una estructura conservadora que privilegia el castigo y la pena y que puede llegar a saturar cárceles que de hecho ya albergan el doble de presos de su capacidad.