La renovación de las preferencias arancelarias es un anhelo nacional para mantener los niveles de exportaciones a los Estados Unidos, país clave como primer socio comercial del Ecuador.
Pero todo indica que, al menos en el primer trimestre de 2018, eso no sucederá. El Gobierno debe desplegar todos sus esfuerzos hacia esa meta que permita seguir siendo competitivos frente a otros países. Sin esas preferencias el rango de aranceles nos podría dejar fuera de juego, por el factor del precio final, en ciertos productos.
Por eso es que el Régimen debiera, primero, canalizar el nombramiento de un embajador ante la Casa Blanca, luego afinar rondas de visitas de equipos conjuntos entre técnicos, autoridades y empresarios exportadores para seguir el cabildeo y explicar la importancia de esas preferencias para la producción y el empleo en nuestro país.
Cabe reconocer que las políticas anteriores pueden pasar la factura. La denuncia de los tratados de protección de inversiones -entre los que se encuentra el celebrado con EE.UU.-, así como los litigios internacionales fallados o pendientes, pudieran ser un obstáculo para esa renovación. Esa realidad hay que afrontarla con claridad y decisión.
El sector productivo nacional -según un reportaje de ayer de este Diario- perdería USD 269 millones en tres años si las protecciones arancelarias no se renuevan. El impacto en un país urgido de dólares y fuentes de empleo es evidente y negativo.