Plusvalía, otro impuesto

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El viernes llegó a la Asamblea Nacional y con la etiqueta de proyecto urgente, la Ley de Redistribución de la Riqueza (Herencias). El lunes llegó otra reforma ya anunciada por el presidente Correa.

Se trata de nuevos gravámenes a la plusvalía: la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. El argumento del Ejecutivo es que las inversiones del sector público deben ser parcialmente asumidas por los propietarios de bienes inmuebles, pues se benefician del valor adicional que alcanzan estos bienes al ser transados.

La realidad es que las inversiones en terrenos suponen primero el empleo de un capital, que es un recurso lícito producto de la riqueza generada por el trabajo, las inversiones o las herencias. Luego, hay una transformación de ese valor con la construcción, que genera mano de obra y dinamiza la economía.

Los ciudadanos pagan impuestos para que el Estado haga obras. Los inmuebles pagan ya impuestos prediales a los municipios y las compras también son gravadas. Muchas veces los compradores se endeudan y, por tanto, abonan intereses.

Subir el impuesto a la plusvalía puede parecer otra nueva forma de conseguir recursos cuando se agotan las fuentes tradicionales: tributos y recursos del petróleo. Las dos terceras partes del aumento buscado irán a los Gobiernos Autónomos y un tercio a la Caja Fiscal.

La sociedad ya paga varios impuestos. Alimentar la obesidad estatal con nuevos tributos no es una buena noticia.