La reciente ruptura de los sectores ecologistas radicales de Alianza País con el Gobierno mostró, entre otras cosas, que la polémica sobre la conveniencia de explotar el petróleo en el parque nacional Yasuní o dejarlo bajo tierra apunta a convertirse en uno de los problemas de mayor complejidad para el Régimen y, en consecuencia, para los ecuatorianos.
Las tesis en torno al futuro de la reserva ecológica son diversas y van desde las más idealistas hasta las más pragmáticas, por lo que un gesto que se esperaría del Gobierno sería la apertura de un amplio y profundo debate nacional en el que participen todos los sectores.
Antes de cualquier decisión, y por la trascendencia que esta tendrá no solamente para la economía nacional sino para el ambiente mundial, una actitud responsable de quienes conducen el Estado sería conocer qué piensa el conjunto de ciudadanos del país y no solamente los “conservacionistas” y los “extractivistas”, pues la sociedad ecuatoriana es muchísimo más diversa y plural que lo que expresan esas dos tendencias.
El Parque Nacional Yasuní alberga la mayor biodiversidad del planeta y de su permanencia depende la frágil estabilidad ecológica del mundo, pero también contiene bajo su superficie reservas petroleras que, convertidas en dinero administrado con sensatez, podrían solucionar graves problemas sociales como la educación, la salud pública, la generación de empleo, entre otros.
Se trata, por tanto, de una decisión histórica que no pueden ni deben tomar exclusivamente quienes en este momento manejan el Estado. Si de lo que se haga o se deje de hacer dependen miles de millones de personas, lo pertinente sería abrir un gran debate nacional donde no solo se propongan ideas sino, sobre todo, se las escuche y procese.