21 de April de 2010 00:00

PENSIÓN DE ALIMENTOS: UNA RESPONSABILIDAD

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Es cuestión de justicia y una responsabilidad social. Pero la plena aplicación de los mandatos del Código de la Niñez (aprobado en junio del 2009 por el Congresillo) no se cumple a cabalidad.

Hay factores confluyentes. Los datos recogidos por una investigación de EL COMERCIO revelaron que en los juzgados hay 100 000 causas represadas; incluso una sola dependencia acumulaba hasta 40 000 procesos. Las fotos mostraban una historia conocida en otros ámbitos de la Función Judicial. Rumas de papeles apilados, llenándose de polvo, volviéndose amarillos. Pero eso no es lo peor. Hay miles de niños que no reciben sus pensiones.

Los datos señalan que apenas uno de cada 2 000 juicios de alimentos son entablados por padres en contra de madres que están obligadas a cumplir. Acaso la estructura de la sociedad o complejos relativos al machismo podrían mostrarse en esta tendencia.

Lo de fondo es que los temas del retraso e incumplimiento de las pensiones jubilares se encuentran referidas a un aspecto de conciencia y responsabilidad y, además, en muchos casos a la pobreza o ingresos bajos y hasta desempleo.

El Código manda que se cobren las pensiones a los abuelos u otros familiares de los padres irresponsables. Esto supone una dudosa legalidad: nadie debe ser responsable por las acciones u omisiones de otro adulto.

No hay estadísticas (no las tienen la Policía Judicial ni el Consejo de la Judicatura). Por ahora, hay en Quito 40 detenidos por incumplimiento, una cifra que sube en la época de elecciones. Entonces las madres van a las mesas de votación para hacer efectiva la orden de detención.

Las pensiones de alimentos descubren la ineficiencia judicial y la falta de una actitud responsable de los padres.

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