El delito -y la pena- por la cual se juzgaba a los jóvenes conocidos como ‘Los 10 de Luluncoto’ ya no existe en el Código Penal. La Corte declaró extinta la causa.
Seis años después de los hechos investigados, los jóvenes quedan en libertad. En marzo de 2010 fueron detenidos y se esgrimió como prueba materiales como libros del Che Guevara, emblema de los izquierdistas de América Latina. Tal literatura en sí misma no es prueba de delito, pero se les imputó pertenecer a grupos subversivos y armados.
Pasó el tiempo y el Nuevo Código Integral Penal borró ese delito. Ese fue el argumento que el abogado defensor presentó desde el 2014.
La justicia llegó en un caso emblemático en el cual pareciera que, para muchos actores políticos, las ideas son subversivas en sí mismas.
Es todo un contrasentido, cuando las normas constitucionales se escribieron en pro de los derechos civiles, políticos y las garantías.
Se cierra un capítulo pero hay otro pendiente: se abrieron indagaciones contra 122 personas que presuntamente protestaron contra el Gobierno. Dos saraguros fueron sentenciados a cuatro años de prisión. El delito: obstruir una carretera. El Defensor Público considera que la pena es desproporcionada. A simple vista parece que en efecto lo es.
Dirigentes indígenas acudieron a la ONU en Quito para exponer el caso y pedir sus buenos oficios. Sería lógico que el propio sistema de justicia se sensibilice y actúe en consecuencia.