La aprobación de partidos y movimientos dentro del plazo legal se había completado. Cuando estalló el escándalo otros grupos estaban en plena etapa de calificación. Con las agrupaciones aprobadas se dio luz verde a muchos de los partidos que antes tenían incidencia en el espectro político y a un movimiento que ya tiene seis años en la palestra: Alianza País. Están en etapa de revisión Concertación y Suma. Se dejó sin opciones a Equipo y a Poder Ciudadano.
En cuanto a Concertación, su principal figura es el asambleísta César Montúfar, quien se ha caracterizado por ser un frontal opositor. Si su descalificación se cumple naufragaría su candidatura presidencial.
Él argumenta, con razón, que tiene la aprobación legal y que el proceso de verificación está viciado. Suma presentó firmas y justo cuando se iba a aprobar, el Consejo Nacional Electoral difundió los problemas detectados, pero lo hizo tardíamente. A Suma se le impidió recoger más firmas, como ocurrió con el Prian, PRE, MPD o Pachakutik y ahora pide verificar las firmas sustentando, con pruebas documentales, los errores que se presumen involuntarios del Consejo.
Para los casos de Equipo y Poder Ciudadano esa opción ni siquiera existió. El CNE tiene la oportunidad de rectificar, revisar las firmas de los grupos marginados y aprobarlos. Sería una manera de mostrar cierta independencia. La prioridad que marca la Constitución es la participación amplia de la gente y en este proceso esa intención no se exhibe de modo diáfano. Las restricciones a la información que promueve el Código de la Democracia son peligrosas. Si a ello sumamos el reglamento, expedido fuera del plazo constitucional, que limita la campaña y bloquea candidaturas, todo configura un escenario preocupante.