Era diciembre. Unos días antes de la navidad. Una explosión de aplausos invadió la sala donde sesionaban los legisladores de distintas bancadas. La mayoría pertenecía a las filas de Alianza País. Había un acuerdo político.
Se trataba de un documento labrado de siete puntos que marcaba la cancha para el polémico debate de la Ley de Comunicación.
Horas de discursos y agudas intervenciones y el tratamiento de hasta tres proyectos de Ley quedaban atrás.
El acuerdo contenía, contiene, puntos vitales. El desarrollo de los temas que refiere la Constitución sobre la comunicación debe estar enmarcado en la normativa de convenios internacionales de los que Ecuador es signatario.
Se debe garantizar la libertad de expresión sin censura previa y con responsabilidad ulterior. Los límites: aquellos relativos a los derechos de los niños, la salud pública y la defensa nacional conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos.
Se acordó un enfoque positivo para los ámbitos de la comunicación privada, pública y comunitaria.
Un compromiso: un Consejo de Comunicación independiente del Gobierno y de los poderes fácticos.
Se propondrá, además, otras reformas para acrecentar el derecho a la comunicación. Se habla de evitar la concentración de medios, monopolios y oligopolios. También se incluye un registro de medios sin restricciones.
Para la tercera semana de marzo llega la sorpresa: la presidenta de la Comisión Ocasional, asambleísta Betty Carrillo, quiso desconocer lo pactado y vuelve a mencionar la inclusión de delegados del Ejecutivo en el Consejo. Eso provocó la reacción del Presidente de la Asamblea.
En democracia, la palabra empeñada se debe cumplir.