Con el anuncio público de lo que era un secreto a voces, el Poder Ejecutivo captó todas las vocalías del Consejo Nacional de la Judicatura con personajes cercanos. La independencia de este organismo, como antes ocurrió con el Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo Nacional Electoral, la Corte Nacional de Justicia y la Corte Constitucional, queda cooptada y sin resquicio para que alguien exprese una tendencia diferente.
Todos los vocales han sido ministros, funcionarios o cercanos al Gobierno. El Presidente-candidato, dedicado de lleno ya a la campaña electoral, pese a que la licencia que pidió a la Asamblea recién regirá desde este martes, defendió la idoneidad de los designados.
El problema central no está en la idoneidad sino en la independencia que, según aconseja la sana lógica, debieran guardar los miembros de un organismo que tanta incidencia tiene en la marcha de la justicia.
El nuevo Consejo de la Judicatura reemplaza al Transitorio, que cumple 18 meses tras la Consulta Popular y que ha realizado importantes cambios físicos a la justicia.
El Presidente ofreció meter las manos en la justicia para cambiarla. La gente quiere un mejor funcionamiento de la justicia pero no conviene -ni es aceptable en democracia- que un organismo que puede incidir en los cargos de jueces y las sanciones, sea vinculado al poder político.
La independencia está puesta a prueba una vez más.