El alza al impuesto predial se da en circunstancias de contracción de la demanda de propiedades como fruto de la crisis.
La decisión que adoptaron los municipios de varias ciudades ( Cuenca, Loja, Ibarra y Santo Domingo), así como el Concejo Metropolitano de Quito, es un mandato del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Cootad.
Para el caso de la capital de la República, los concejales aprobaron una ordenanza por la cual 713 111 bienes sufrirán un incremento en el pago de este impuesto desde 2018. Ese número corresponde al 76,26% del total de propiedades. Como contraparte, un 12,38% de los propietarios verá que sus bienes raíces experimentan una reducción por un factor de beneficio a las viviendas de interés social y público.
Durante los últimos años y como efecto de una Ley de Plusvalía impuesta por el anterior gobierno que resultó contraproducente, la actividad de la construcción sufrió una considerable merma. Todo un tema de impacto social, ya que del sector constructivo depende una parte de la mano de obra menos calificada y el encadenamiento productivo de la construcción atañe a la dinámica económica nacional.
Hasta que la Consulta zanje el problema pendiente el sector de bienes raíces sufre un parón, los precios de bienes inmuebles y de arriendos han caído. Quizá no sea el mejor momento para alzar el impuesto predial, aun cuando hay norma expresa mandatoria.