Sentencia en caso Oxy

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Más allá de las consecuencias económicas, quedan
reflexiones sobre el papel de los políticos y el Estado.

En medio de las estrecheces que el Gobierno insiste en no calificar como crisis, el Ecuador se apresta a conocer en pocas horas el fallo definitivo en el arbitraje entre el Estado y la petrolera Oxy.

El tema se remonta al 2006, cuando durante el gobierno de Alfredo Palacio se decidió declarar la caducidad del contrato que tenía Oxy desde 1999 para operar el bloque 15 y los campos unificados Edén Yuturi y Limoncocha.

El pedido se basó en la denuncia del Procurador de entonces, dado que Oxy cedió el 40% de los derechos que le daba el contrato, a la firma canadiense AEC (Encana) sin autorización del Ministerio de Energía, lo cual se consideró causal de caducidad. De su lado, la firma estadounidense acusó al Estado de expropiar sus bienes y de violar el Tratado de Protección Bilateral de Inversiones con Estados Unidos, por lo cual demandó en el Centro de Arreglo de Disputas Relativas a Inversiones (Ciadi).

El Tribunal Arbitral determinó hace tres años que el Estado debe pagar USD 1 769,6 millones.

La Procuraduría presentó un pedido de nulidad, pero si tal pedido es rechazado, el Ecuador deberá pagar esa suma más intereses.

El caso trae complicaciones para las finanzas públicas, aunque el presidente Rafael Correa dice estar buscando una solución negociada que no afecte al país.

Y también trae reflexiones sobre la importancia de no mirar solo el corto sino el largo plazo, cuando el Estado es el que finalmente debe responder.