Una noticia feliz llega con una noticia triste. El guerrillero Ejército de Liberación Nacional no deja de secuestrar.
Pocas horas antes de conocerse la liberación del congresista Odín Sánchez, tras casi un año cautivo, el ELN reconoció que retiene a un soldado.
Según el grupo insurgente, el secuestrado estaba haciendo tareas de espionaje en la ‘zona de operaciones’.
El tema de la legalidad y la institucionalidad es claro. Cualquier colombiano goza del derecho de libre circulación y un soldado, en cumplimento de su misión específica, puede circular.
Pero la incursión arbitraria de la guerrilla del ELN no conoce ni reconoce ley ni el derecho de libertad de los colombianos y extranjeros. Ellos imponen por la fuerza su propia ley y sus normas contra la vida y las personas.
Sabido es que el ELN se nutre económicamente de los secuestros y que en el caso de Sánchez lo utilizó como arma arrojadiza para forzar el diálogo de paz.
Es verdad que el secuestro ha sido históricamente un mecanismo de presión política y extorsión económica del que se han nutrido varios grupos guerrilleros y también narcotraficantes y bandas de crimen organizado.
Esa realidad pone al establecimiento en una disyuntiva que no resiste análisis. Liberan a Sánchez a la par que secuestran un soldado y tienen a más personas retenidas contra su voluntad.
No es la mejor muestra para instalar en Quito el 7 la mesa de paz. Una paz condicionada no es una buena noticia.