Desde hace 40 años, varios presidentes estadounidenses han intentado aprobar una reforma a los sistemas de salud, quizá la deuda social más significativa de la potencia del norte.
Era una promesa electoral que se venía diluyendo pero al fin se cumplió. Con una pequeña mayoría (219 votos a favor y 212 en contra), Barack Obama logró romper una tradición antigua según la cual la salud era cosa de cada uno.
Un total de 50 millones de personas, de los 305 millones de habitantes, viven en Estados Unidos sin amparo en materia de salud. Con esta reforma, muchos de ellos pasarán a ser protegidos por el Estado desde 2014. Se trata de una medida social que incorpora a 32 millones de personas pero deja un problema sin resolver para 18 millones más. Los inmigrantes ilegales quedan indefensos.
El debate es conceptual. Los demócratas siempre han defendido una visión social y asistencialista. Los conservadores, vinculados al Partido Republicano, han combatido esa tesis en el entendido que una carga mayor de impuestos complica la economía. Ellos piensan que cada uno debe ocuparse de lo suyo.
Episodios agudos como los recientes de la burbuja inmobiliaria y la crisis económica mundial tensan la cuerda. Aun en la superpotencia la factura es más cruda con los sectores sociales más desprotegidos.
Mientras las demandas estatales que interpondrán los republicanos se tramiten, la medida implica que a nadie se le debe negar su seguro de salud, incluso si los casos contemplan enfermedades preexistentes. Ahora Obama debe financiar la reforma de USD 940 000 millones para los próximos 10 años (cuesta menos que las guerras). Las políticas sociales, aunque costosas, son indispensables.