El Presidente anunció una cirugía mayor contra la corrupción y el país asiste a un hecho inédito: un vicepresidente investigado dentro del caso Odebrecht.
Con la situación que pesa sobre Jorge Glas, impedido de salir del país y sin funciones, con la vía libre de la Asamblea Nacional para que la justicia actúe, el escenario cobra nuevos perfiles.
Si la independencia de poderes funciona -luego de que el poder político metió las manos en la justicia-, la ciudadanía espera que los casos ventilados cobren su propio ritmo y que las imputaciones de presuntos delitos de corrupción se aclaren y , que si es del caso, se sentencien con el rigor de la ley.
Es cierto que la sociedad experimenta ansiedad ante la sensación de impunidad, pero con la indispensable agudeza y con el respeto al debido proceso, los jueces y fiscales deben actuar y dar certezas, más allá de las disputas de AP sobre lealtades y deslealtades.
Desde luego, la justicia tiene bastante trabajo: ahora no solo se ventila la huella de los sobornos de Odebrecht sino que crecen las denuncias sobre posibles irregularidades en contratos relacionados con infraestructura.
El momento impone que la justicia actúe, que el resultado de los diálogos se concrete en acciones específicas y que Ejecutivo y Legislativo se ocupen de una economía delicada.
Mientras tanto, la sociedad debate sobre una consulta popular para transparentar la democracia aplastada por el poder concentrado que imperó.