Sórdido, casi tenebroso, es el panorama que deja la observación periodística de la grave situación de violencia y crimen que el narcotráfico y las bandas vinculadas con la guerrilla y paramilitares por provincias como Esmeraldas, Manabí, parte de Pichincha, Guayas y El Oro.
Las informaciones entregadas por autoridades de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía pintan un tétrico panorama en el que el sicariato, los homicidios y los ajusticiamientos son cosa común. Según los datos oficiales, las bandas del narcotráfico aprovechan la feracidad selvática y las vías fluviales para movilizar drogas que tienen como destino Estados Unidos, Canadá y México. Los narcos arriendan tierras desde las que manejan operaciones clandestinas. Y van más allá. Asesinan policías (inclusive murió el jefe policial de Quinindé). Poblaciones como La Bocana del Búa, El Carmen, La Concordia y Quinindé sufren las consecuencias.
La reportería prolija de diario EL COMERCIO muestra una realidad espeluznante. En el país operan grupos de narcoguerrilla como los de Olidem Solarte del Frente 48 de las FARC. También lo hacen los paramilitares como las Águilas Negras que siembran el terror en nuestras poblaciones.
Constantemente se desmantelan laboratorios clandestinos en las provincias del norte de la Costa y del Oriente colindantes con Colombia y aun en el sur (cerca de Perú) por donde operan estos grupos que buscan salidas al mar.
Los jueces lugareños dicen desconocer los casos oficialmente. La gente de las poblaciones afectadas no denuncia, porque tiene miedo; el temor se gana la calle.
Las autoridades se muestran impotentes. Algunos tienen agenda propia o mantienen silencio. Se señalan con el dedo entre unos y otros, y repiten un discurso hueco.