La amenaza del poder de los narcotraficantes contra la justicia es creciente. Al mismo tiempo, hay conciencia y crecen las acciones para brindar protección.
Varios fiscales y hasta jueces han recibido amenazas y ya cuentan con custodia personal. Tienen en sus manos casos delicados en los cuales están involucrados delincuentes detenidos por delitos flagrantes o imputados en causas de narcotráfico y sicariato.
Cabe reconocer el esfuerzo de la policía por perfeccionar sus operaciones, sofisticar su preparación y contar con equipos de alta tecnología, aunque la realidad muestra que no es suficiente.
La reciente captura de un capo ecuatoriano, al que se compara con el inmenso poder delictivo que acumuló Pablo Escobar, exige renovar las alertas y los sistemas de protección de las autoridades, para preservar así su integridad y evitar que el temor conduzca a equívocos o desvíos forzados.
Se trata, según las ideas de Thania Moreno, fiscal subrogante, de una preparación para autoprotección y el solvente manejo de información sensible.
Es algo que discutió ya la Mesa de Justicia. El presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalk, defiende que el trabajo judicial debe cumplirse en condiciones de seguridad.
Los ejemplos de Colombia, donde el crimen persiguió y amenazó al personal de justicia, o de México, en un punto alto de violencia sistémica, ilustran los altos riesgos. Es imperativa la tarea de toda la sociedad contra el crimen.