La más reciente y absurda multa de la Superintendencia de Comunicación desnuda de cuerpo entero el desacierto de una ley punitiva y controladora.
El caso se refiere a la denuncia interpuesta por ciudadanos, entre otros una ex funcionaria de la misma Superintendencia, que pidió sanción para varios diarios y canales de televisión, entre ellos EL COMERCIO. Los denunciantes creen que un reportaje publicado en el diario argentino Página 12 era de interés público y debía ser recogido por los medios privados ecuatorianos hoy sancionados. Esa nota se refería a denuncias, sin contrastación, que aludían a Guillermo Lasso y sus presuntas propiedades en el exterior en pleno desarrollo de la campaña electoral. La denuncia fue repetida constantemente por los medios llamados públicos y que son realmente gubernamentales.
La confusión que la Ley de Comunicación ha creado y la valoración subjetiva de una autoridad que no ha mostrado su independencia del poder político lleva a una sanción que este Diario considera inaceptable.
Página 12 es un medio argentino cuestionado en su país por su tendencia alineada al poder kirchnerista, cuyos actos están ahora en manos de la justicia en varios casos de corrupción.
Los medios privados y EL COMERCIO
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