Fue un lema de campaña. El Presidente de la República dijo en voz alta que iba a meter las manos en la Justicia. Lo dijo con el supuesto afán de cambiarla en beneficio de las capas populares. Pero a poco tiempo de que el Consejo de la Judicatura transitorio termine su ciclo y con una Corte Nacional de Justicia que actúa bajo las nuevas reglas del juego, la independencia de la Justicia del poder político deja mucho que desear y despierta dudas.
Contra el pensamiento del portavoz del movimiento oficial, el concepto clásico de los pesos y contrapesos de la democracia y los poderes es una premisa que debe seguir vigente. No hay democracia que se respete donde el poder del Ejecutivo interfiera o domine sobre los fallos judiciales, influya o determine la acción de los jueces, aliente o atenúe, según su circunstancial conveniencia, la acción de los despachos de fiscales.
Diario EL COMERCIO investigó el tema a fondo. El Gobierno no ha perdido ninguno de los procesos judiciales establecidos en su contra. Y a la vez los jueces han fallado a favor del Gobierno en la mayoría de sus demandas. Perdió la causa del coronel César Carrión, el ex director del hospital policial, señalado por el Presidente como culpable y exculpado por la Justicia.
Varios son los casos pero el primero y más emblemático fue el fallo condenatorio contra El Universo. Pese al posterior perdón del Presidente -que siempre dijo que actuaba a título de ciudadano- dejó una triste impresión.
En una Corte de Justicia que asumía su tarea con miles de causas represadas, los jueces decidieron estudiar y fallar con velocidad sorprendente el tema que para el poder político y el Mandatario suponían prioridad. Y esa ha sido la tendencia hasta hoy.