Maltrato estudiantil

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Es difícil explicar el hecho de que, en una época en que la atención de las sociedades se centra en el respeto a los derechos, las cifras sobre maltrato estudiantil sigan siendo significativas en el país en general y en Quito en particular.

La estadística está encabezada por los delitos sexuales y el maltrato psicológico. Le siguen el maltrato físico y la violencia entre pares, como lo reveló un reportaje publicado por este Diario. Frescos están los casos en los cuales docentes descalificados destruyen vidas y terminan por perjudicar la reputación de los establecimientos.

De cualquier manera, la buena noticia es que los casos pueden ser denunciados, siguiendo el procedimiento establecido por el sistema regulador de la educación. Las distintas instancias del Ministerio de Educación, que incluyen las Juntas de Resolución de Conflictos, van desde las medidas preventivas hasta la separación del presunto agresor.

Se incluyen la supervisión y la terapia. El sistema también permite que se puedan tomar medidas urgentes, como la remoción de un profesor hasta que no reciba la ayuda psicológica respectiva. Está claro que un caso que rebase los límites de las acciones preventivas y de negociación puede pasar a otras instancias, incluidas las judiciales.

Nada, sin embargo, resultará suficiente para encarar el problema de manera global: hacen falta autoridades, profesores y, sobre todo, padres comprometidos de manera permanente con el bienestar de los pequeños.