Ley con más gravámenes

La Asamblea Nacional aprobó la llamada Ley para la Eficiencia en la Contratación Pública. Una norma que trae otra polémica.

Con el voto a favor de 75 legisladores, el cuerpo legal contiene un aspecto que llama la atención: una contribución de mejoras por Obra Pública.
Ese nuevo tributo deberá ser cobrado, si el Ejecutivo sanciona la nueva norma, por el Gobierno o los municipios.

El período legislativo ha sido particularmente complejo. Al alza temporal de dos puntos al impuesto al valor agregado (IVA) para afrontar los estragos de los terremotos, se suma la Ley de Plusvalía. Su discusión trajo tensiones y tendrá sin duda nuevos impactos en la economía nacional, que ha sido particularmente golpeada por la recesión. La nueva ley, en lo referente a la contribución aprobada por la mayoría de Alianza País, se refiere a una tributación del 50% del beneficio general que confiera a la propiedad la obra de infraestructura estatal.

Los ecuatorianos ya aportamos con el pago de varios tributos para que el Estado cubra varios de sus gastos, así como con los impuestos municipales. Una contribución adicional saldrá de un bolsillo ya castigado.

En muchos casos, los cabildos ya establecen cobros por mejoras. El nuevo impuesto, según dijo a EL COMERCIO el Director del Servicio de Rentas Internas, ‘busca captar plusvalía por inversión pública’. La gente se sorprende por esta nueva carga y la oposición y los constructores la cuestionan.

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