23 de February de 2010 00:00

Ley de Comunicación: 30 días de plazo

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El plazo apremia para el debate y el informe que deberá producir la Comisión ocasional de la Legislatura que trata uno de los proyectos más polémicos de los últimos tiempos: la Ley de Comunicación.

Salta a la vista que la Asamblea de Montecristi no consideró la complejidad de los temas que impuso al nuevo Parlamento para ser tratados y aprobados en el período de transición. Apenas se han aprobado diez leyes y parece poco probable que el propósito de recibir a periodistas, propietarios de medios y otros sectores entre en el nuevo cronograma que Fernando Cordero estableció a su coidearia Betty Carrillo.

Peor aún para tratar de incluir toda una política sobre los medios públicos, el control de contenidos de las cadenas oficiales para impedir diatribas y ofensas y la utilización propagandística de aquellos medios que son financiados con dinero público.

Incluir una auténtica representación ciudadana entraña una voluntad política desprendida y generosa. Además, los medios públicos –y en eso puede contribuir una buena ley– podrían incluir aspectos de servicio ciudadano con contenidos plurales y abiertos.

Otro tema que habrá de resolver de forma urgente la Comisión ocasional es aquel del Consejo de Comunicación, que en una democracia que pretende gozar de libertad plena de prensa nunca debe ser integrado por representantes oficiales.

Es inaceptable cualquier intento de censura previa. En las leyes vigentes hay suficientes alertas para proteger los derechos y garantías de la colectividad.

Hay que recordar el compromiso establecido en los acuerdos para la nueva ley : de consenso y no sancionadora ni castigadora.

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