Guatemala dio ayer ejemplo de una transición marcada por el respeto al ordenamiento jurídico, a la Constitución y a las leyes.
El presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina, -quien afronta serios cargos de presunta corrupción, entre ellos el de una millonaria defraudación a las Aduanas- se vio obligado a renunciar.
Pérez Molina dimitió una vez que el Congreso le levantara la inmunidad y lo pusiera así en manos de la Justicia. Esta deberá dilucidar el futuro estatus jurídico de un personaje que, paradójicamente, se presentó en campaña como un paladín contra la corrupción.
Por lo pronto, ayer (3 de septiembre de 2015) se dictó una orden de prisión preventiva en su contra, una decisión similar a la que pesa ya sobre la exvicepresidenta Roxana Baldetti, implicada en la misma trama.
El paradigma que ofrece Guatemala -un país aún agujereado por las secuelas de la violencia de la dictadura del general Efraín Ríos Montt, en los años 80- adquiere más relevancia por otros aspectos. Hay dos en particular.
Uno: la Justicia actúa de manera independiente y sin presiones. Y dos: el acompañamiento internacional, en este caso a cargo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un organismo de la ONU, ha sido importante para descubrir la red de corrupción.
El orden en la transición de Guatemala, que ya tiene como mandatario interino a Alejandro Maldonado, se refleja en la realización de comicios, el domingo 6, pese al escándalo. Los electores, como debe ser, designarán al nuevo Presidente.