El asunto de Julián Assange continúa como un rompedero de cabeza para Gran Bretaña, Suecia y también del Ecuador.
El ‘pirata’ informático australiano no tiene otra salida, por ahora, que ocultarse en la Embajada ecuatoriana en Londres, adonde llegó el 19 de junio de 2012, en busca de refugio.
Deberá permanecer allí, no se sabe por cuánto tiempo más, una vez que los ejecutivos británico y sueco ignoraron un dictamen -no vinculante- del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU. Este había señalado que el arresto es ilegal, un pronunciamiento que el canciller Ricardo Patiño, apoyó, el viernes último.
Con la repercusión mediática que un personaje como Assange genera, la legación ecuatoriana en Londres se volvió un escondite incómodo, un ‘encierro’ para el fundador del sitio Wikileaks. Desde allí, elude a la Justicia sueca, que lo acusa de violaciones sexuales.
Pese a que en EE.UU., no hay ninguna acusación judicial en curso, los abogados del activista australiano temen que Suecia lo entregue a la Justicia estadounidense, para que responda por la filtración de documentos diplomáticos de Washington, en noviembre del 2010.
Si es entregado a EE.UU., la defensa de Assange recela que este puede afrontar la pena de muerte. Algo que no ha ocurrido con el soldado Bradley Manning, condenado a 35 años de prisión por las filtraciones de documentos militares a Wikileaks.
Para el Ecuador, la prolongada estadía de Assange en la Embajada ha generado más que gastos adicionales.