Una novedad de la cadena sabatina constituyó la reacción del Presidente, quien instó a los legisladores a despojarse de la inmunidad parlamentaria para continuar con el juicio político al Fiscal. Pudiera tratarse de una amenaza a los demás legisladores de su bancada para que se mantengan fieles a su influjo político.
Más allá de la relación personal y la amistad que pudiera existir entre altos magistrados, ambos ocupan funciones públicas y, como tales, son responsables de sus actos y están sometidos al escrutinio popular.
En democracia, en un Estado de Derecho, la independencia de las funciones es un asunto vital.
Nadie debe soslayar el ejercicio de la fiscalización a los poderes públicos por parte de la Función Legislativa. La Asamblea ha acumulado hasta 800 casos de indagaciones y la verdad es que la fiscalización al Poder Ejecutivo ha dejado qué desear.
Todas las funciones del Estado están obligadas a someterse al mandato de la Carta Magna vigente, que fue promovida por el Presidente, por su movimiento político, por su bloque de asambleístas, y que luego fue aprobada por el pueblo en las urnas.
Ya en cuanto a la inmunidad de los parlamentarios, el artículo 128 de esa Constitución dice que no serán civil ni penalmente responsables por las opiniones que emitan, ni por las decisiones o actos que realicen en ejercicio de sus funciones dentro y fuera de la Asamblea Nacional.
La reacción no se ha hecho esperar. Un grupo de asambleístas del bloque oficial, entre los que se contaba el Presidente de la Asamblea, reiteró que mantendrán su inmunidad.
Para vivir en democracia hay que respetar sus reglas. La inmunidad parlamentaria es una de ellas.Es una prueba de fuego para la proclamada independencia de poderes.