Si al principio quedaron sembradas dudas sobre el alcance de los comentarios, observaciones y sugerencias de la Veeduría Internacional que encabezó el polémico juez español Baltasar Garzón, a esta hora debiera imponerse una explicación o, en su defecto, una rectificación por parte de las autoridades.
Las extensas observaciones se hicieron públicas y ni el Poder Ejecutivo, tan empeñado que parecía desde el discurso a superar las prácticas anacrónicas que habían afectado la independencia de la justicia y su eficacia, ni la Corte Nacional de Justicia han salido de su asombro ni saben cómo reaccionar ante un documento que causa escozor.
El informe ‘Garzón’ criticó el proceso de designación de jueces, removió el piso del proceso de contratación de obras que lleva adelante el Consejo de la Judicatura, que no dio explicaciones sobre los requerimientos de la Veeduría, y advirtió la gravedad de la criminalización de la protesta social.
El documento desbarata el discurso que fue el motor de la consulta popular y deja claro lo peligroso que puede ser que los poderes concentrados por el modelo hiperpresidencialista conviertan el lema de campaña de ‘meterle las manos a la justicia’ en una tácita condena a su independencia.
También extraña el silencio de la Corte Nacional de Justicia, que no ha refutado el informe ni da muestras de haber tomado nota y menos todavía de un esfuerzo por rectificar.