9 de June de 2010 00:00

UN INFORME CONTUNDENTE

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El 3 de mayo del 2007, el Presidente de la República y el ministro de Gobierno de entonces, Gustavo Larrea, crearon la Comisión de la Verdad. Su fin era, según el decreto, “... investigar y esclarecer e impedir la impunidad respecto de los hechos violentos y violatorios de los derechos humanos, ocurridos entre 1984 y 1988 y otros períodos”.

La Comisión fue más allá, recogió casos desde el período de Osvaldo Hurtado hasta el de Rafael Correa, inclusive. El tiempo de nueve meses que determinó el Decreto fue ampliamente superado: tardó tres años, un mes y cinco días.

La mayoría de los casos recopilados ocurrieron en el Gobierno de León Febres Cordero, pero otros episodios se registraron durante los mandatos de Osvaldo Hurtado, Rodrigo Borja y también del actual presidente, Rafael Correa, entre los más numerosos.

El detallado relato contiene testimonios, fotografías, expedientes y un listado de quienes podrían ser indiciados como presuntos responsables.

En muchos de los episodios encontrados, las presumibles penas ya han prescrito. En aquellos delitos considerados de lesa humanidad, las penas no prescriben y aún se podría recurrir a tribunales internacionales para establecer demandas e indemnizaciones.

Este tipo de procesos levanta polémica, revive oscuros episodios que muchas veces los poderes de turno quieren ocultar y provoca la reacción de presuntos imputados y el dolor y la sed de justicia de las víctimas o de sus familiares.

Es de esperar un grado suficiente de madurez colectiva para impedir que el debate político que suscitan estos episodios no desborde. No sería aceptable que los expedientes sean blandidos como trofeos de guerra de una inoficiosa lucha política. Hacen falta verdad y justicia.

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