29 de July de 2011 00:02

INESTABILIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO

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El malestar empezó en cuanto cundió la noticia del Decreto Ejecutivo 813 que establece la compra de renuncias obligatorias. Los datos contradictorios sobre los fondos para aplicar la medida, así como el temor de apetitos clientelares para ocupar las plazas que queden libres, están en el debate.

Los dirigentes analizan los alcances del decreto. Estudian una posible demanda de inconstitucionalidad, las medidas de protección e incluso elevar ante la Organización Mundial del Trabajo el caso. Además, se habla de movilizaciones y de un posible paro de actividades.

En el Ecuador hay 470 000 empleados públicos. El plan de reestructuración del Estado busca el retiro de 10 000 trabajadores. El mecanismo previsto determina que puede haber una salida voluntaria para los mayores de 65 años, con una indemnización que podría alcanzar USD 39 000 por trabajador. Los que hayan superado los 70 años se deberían retirar obligatoriamente con 150 salarios básicos unificados.

En ciertas dependencias se empezó a aplicar un sistema de evaluación que ha generado incertidumbre, puesto que los parámetros no son iguales en distintas entidades.

Hay contradicciones evidentes en la cifra que le costaría al Estado -es decir a todos los contribuyentes- el plan. En el Ministerio de Finanzas se estimaba en USD 160 millones, pero apenas se habría transferido USD 10 millones. En el Ministerio de Relaciones Laborales se habló de USD 140 millones. La Confederación Nacional de Servidores Públicos calcula que costaría USD 396 millones.

Se preparan movilizaciones pese a que hay temor de represalias. Vale preguntarse si las plazas que queden libres no serán ocupadas por partidarios del Régimen o militantes del movimiento oficialista con criterio clientelar.

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