Independencia de funciones

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El Consejo de Participación Ciudadana se halla en pleno proceso de designación de dos de los cinco jueces del Tribunal Contencioso Electoral.

El mismo Consejo ha sido cuestionado como parte de una función donde su independencia respecto del Régimen ha sido puesta en duda.Ahora, una vez más, nueve de 12 aspirantes que se presentaron al examen para las vacantes que se deben completar en el alto tribunal han tenido relación con los otros poderes como funcionarios públicos. Eso no es aceptable.

EL COMERCIO mostró, en un reportaje publicado ayer, los nexos de dichos aspirantes y un resumen de sus hojas de vida donde se establece su vinculación.

El presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, considera que cuestionar a quienes fueron servidores públicos es una discriminación. Al contrario. Colocar en altos cargos de una función del Estado a personas que han tenido filiación política o relación de dependencia no es correcto.

En el pasado se cuestionó que los partidos políticos ocuparan las vocalías electorales. Hoy, esa dependencia no es sana. Peor a las puertas de un proceso electoral, donde los señalamientos de uso de espacios públicos en pro del candidato oficial y los ejemplos de los últimos comicios por el uso y abuso de la propaganda oficial exigen un compromiso de independencia y transparencia.

Se trata, nada menos, que de jueces que dirimen las controversias electorales. La mujer del César no solo debe ser honrada, sino parecerlo.