Era viernes. En vísperas del lanzamiento oficial de su candidatura a la reelección en busca de su tercer período, el Presidente fue a visitar a dos de los detenidos -los únicos hasta la fecha- por el caso Cofiec-Duzac. Horas más tarde, el juez desestimó la orden de detención ejecutada y el dictamen de los fiscales y dispuso la liberación.
Esas dos personas, sobre las que no cabe juicio de valor en cuanto a su presunta responsabilidad, puesto que es una labor que le corresponde a la Justicia, fueron los soli-tarios encausados hasta entonces en un tema que alcanzó a rozar a la política y compromete los recursos confiados a un banco que, siendo privado en su origen, actualmente está siendo manejado por el Estado.
Ya a esta altura nadie desconoce que el proceso de concesión del crédito que el deudor ha reconocido, fue producto de, al menos, una ligera y poco prolija sustanciación de solicitudes, garantías y entrega de dinero de modo sumario, que muchos ecuatorianos envidian por su celeridad. Tanto que Gastón Duzac, por intermedio de su abogado, ha anunciado un plan de pagos.
Pero no toda la investigación judicial debe terminar con el reconocimiento de la deuda. No. Es indispensable investigar exhaustivamente, determinar responsabilidades y desentrañar los vínculos que un caso tan delicado pudo haber tenido con el poder político o los allegados a él.
Todo se centra en los procesos de entrega de préstamos, sus similitudes con los cuestionados préstamos vinculados del pasado y con garantías de dudoso respaldo.
Se necesitan respuestas. No cabe que desde el poder se meta las manos en la Justicia, ni en este ni en ningún caso. Ni para castigar ni para absolver. Una acción así podría condenar la indispensable independencia.