El cambio de autoridades en el frente de Seguridad es buena noticia. Las experiencias acumuladas son aval.
En esa línea, el mensaje de la presencia del ministro de Defensa recién posesionado, el general en servicio pasivo Oswaldo Jarrín, es claro. Él tiene un criterio y una visión integrales, ha ocupado altos cargos militares y el mismo ministerio, hace algo más de una década, y su nombramiento puede dar confianza a los mandos armados.
De su lado, el nuevo Ministro de Interior ha prometido estudiar a fondo los alcances de su cargo y se espera no solo pronunciamientos sino acciones efectivas en el área de su competencia y en adecuada conexión con el frente militar. Policía y Ejército deben coordinar operaciones con objetivos comunes.
Los militares tienen la obligación constitucional de preservar la soberanía nacional frente a incursiones eventuales de grupos armados y salir en salvaguardia de la integridad territorial.
La Policía debe garantizar la libre circulación de los ecuatorianos en todo el territorio nacional, prestar apoyo a las personas en las zonas de producción agrícola, industrial y la actividad turística, así como garantizar la seguridad ciudadana con especial cuidado en las zonas vulnerables.
Si, como se ve, la atención se emplea a fondo en Esmeraldas no se debe descuidar el frente de Sucumbíos y las rutas alternativas de corredores que los traficantes de droga siempre buscarán para mover su siniestra mercancía.