La revolución ciudadana da otro golpe de timón decidor. Ahora se estudia presentar un proyecto de flexibilización laboral.
Un primero de mayo de 2014, el poder político presentó una reforma laboral rígida que tensaba la cuerda entre los actores del trabajo: trabajadores y empresarios. Largos meses de diálogos frustrados hicieron sucumbir dicha propuesta sin acuerdos previos.
El Gobierno, cuyo acento de izquierda era de alto tono hace ya nueve años, convertía en normas legales y constitucionales algunos aspectos que proyectaban el rol de la clase trabajadora y sus derechos con más énfasis.
Así se establecieron algunos temas en la Constitución de Montecristi, la aplicación del Mandato 8, la lucha contra la tercerización, el trabajo por horas e incluso medidas rígidas que llegaron, por ejemplo, al trabajo doméstico.
Hoy el mapa cambia de color. Los estudios de opinión o mediciones de la realidad muestran que la principal preocupación de los ecuatorianos es por el empleo.
En circunstancias tales, la flexibilización laboral tiene dos caras. Por un lado, abrir el abanico para que otros trabajadores sean contratados por horas, acaso reducir la carga del costo salarial en el sector empresarial aun a costa de una precarización laboral.
La medida es coyuntural, no responde sino a la contracción de la economía, y tal parece que la reforma llegará sin consenso ni conocimiento suficiente de trabajadores y empresarios.