La comunicación enviada a las direcciones provinciales de Educación de todo el país parecía una grotesca historia de espionaje y un atentado contra la libertad de conciencia. El vergonzoso documento que salió desde el propio Ministerio de Educación requería llenar un formulario con información detallada de la afiliación política o gremial de los directivos maestros, dirigentes estudiantiles y de los alumnos.
Ni más ni menos un método que recrea una práctica fascista en un país que cuenta con una Constitución supuestamente garantista donde la libertad de conciencia y adhesión a partidos y movimientos es cuestión del fuero absolutamente individual. Inaceptable.
El Artículo 66 de la Constitución, numeral 11, que habla de derechos de libertad dice: “nadie podrá ser obligado a declarar sobre sus convicciones y que en ningún caso se podrá exigir o utilizar sin autorización del titular o de sus legítimos representantes, la información personal o de terceros sobre sus creencias religiosas, filiación o pensamiento político”.
En una apreciación subjetiva se requería el “grado de afinidad con el proceso”. Se olvida que las dictaduras militares usaban el espionaje para meterse en la vida de la gente.
Es un anacronismo reproducir prácticas lesivas con los derechos humanos como la libertad de conciencia y de afiliación a los partidos, cualquiera que sea la tendencia profesada y siempre que practiquen actividades legales. Ya hubo presiones para que los burócratas se adhieran a marchas de respaldo al poder. Ya se habló de corrupción de funcionarios sin pruebas ni juicios instalados.
La rápida remoción del funcionario no es suficiente. Peor cuando se adelantan cambios en órganos de inteligencia y sospechas de una radicalización de la próxima campaña.