Competencia seccional

La Corte Constitucional tiene en sus manos el proyecto de cambios constitucionales y deberá mostrar el camino a seguir.

Más allá del debate sobre la reelección presidencial e indefinida, el movimiento oficialista dio un mandato al bloque legislativo de Alianza País para plantear un nuevo enfoque que cambiaría las bases constitucionales en materia de las competencias de los gobiernos seccionales, en los rubros de salud y educación.

Volver a centralizar este manejo supone un retroceso para quienes alentaron la filosofía de un Estado que caminaba hacia un proceso de regionalización. Esa fue una de las propuestas centrales del movimiento que llevó al poder a AP, en el ya lejano 2006, y que argumentaba que el cambio en la estructura del Estado debía producirse, entre otras cosas, por el ‘empoderamiento’ (así califican a esa acción) de los espacios ciudadanos desde los regímenes seccionales.

A tal punto llegó la proclama que la Constitución incluye esta visión en sus enunciados y se escribió todo un Código Orgánico (Cootad) bajo esta premisa.

La idea de volver al concepto primigenio de un Estado que aliente una estructura concentrada del poder es uno de los puntos que contradice la propuesta inicial. De allí que un cambio constitucional en el tema luzca como rectificación de las propuestas iniciales y refuerce la idea de que lo que se busca es una solución política para actuar en función de la coyuntura, ya que el Gobierno no fue favorecido de forma hegemónica por el voto popular del 23 de febrero.

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