10 de April de 2012 00:02

EMPLEADOS PÚBLICOS MILITANTES

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La carta se hizo pública desde la provincia de Morona Santiago. Un acucioso gobernador, Juan Rafael Arcos, pedía al Presidente separar de sus cargos a 23 directores que no asistieron a la contramarcha que Alianza País convocó de forma voluntaria a los simpatizantes del movimiento oficialista.

Se preparó una reunión con 31 funcionarios de libre remoción, pero que son empleados públicos pagados con dineros de todos los ecuatorianos, para asistir a la concentración para contrarrestar a la Marcha por la vida, que organizaron movimientos sociales ecologistas, indígenas y populares y que culminó el 22 de marzo en Quito.

Además de la carta, que denota una visión clientelar y hasta servil de un funcionario político, lo preocupante es la ratificación de esa línea de comportamiento.

A su vez, un secretario aplaudió por las redes sociales al Gobernador por la iniciativa. El Presidente además manifestó: “Todos deben tener una visión política, El que no esté comprometido sí debe ser separado de su cargo”.

Los funcionarios públicos, aun cuando sean de libre remoción, se deben, por encima de los intereses partidarios o políticos de coyuntura, al Estado, y su trabajo debe estar orientado al bien común, más allá de la visión ideológica y política que un Gobierno de turno intente imponer.

La divulgación de la carta desnuda además la respuesta política de la contramarcha que el Gobierno fomentó con propaganda masiva y costosa, a nombre de una defensa de la democracia y estabilidad que suponía amenazada.

Una suerte de paranoia de un Régimen que no tolera ni la disidencia ni el derecho a la protesta y busca con movilización de partidarios y hasta empleados públicos generar imágenes de respaldo.

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