Venezuela en quiebra legal

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El estado de derecho en Venezuela es una ficción, una entelequia. Maduro vuelve a eludir a la Asamblea Nacional.

Esta vez acude a una resolución del Tribunal Supremo de Justicia, que decide que el Presidente presente ante ese organismo el Presupuesto General del Estado para el año 2017.

Una resolución a todas luces irregular. El estado de derecho se vulnera y las lógicas de una Asamblea que estudie, analice y apruebe el Presupuesto se esquivan graciosamente.

Es parte de la crisis política de fondo que enferma la democracia venezolana ya desnutrida, raquítica se diría, tras los largos años de chavismo, que termina sepultando en un pozo a la sociedad civil agotada y a la oposición política con votos pero con su poder limitado.

Con unos poderes concentrados y al servicio del Ejecutivo, la iniciativa de revocar el mandato de Nicolás Maduro en las urnas, que tiene plazo hasta fines de año, parece naufragar.

El Ejecutivo ha pasado por encima de la Asamblea, que tiene mayoría de la Mesa de Unidad Opositora, y ahora intenta este artilugio para evitar que los legisladores conozcan y aprueben el Presupuesto, como corresponde a una sociedad democrática.

Hay centenas de presos políticos, una inflación de 475%, según el Fondo Monetario Internacional. La oposición busca conseguir 4 millones de firmas para seguir bregando por una consulta y destituir al Presidente que elude el curso legal y desafía a cada instante.