Con un Decreto Ejecutivo, el presidente Rafael Correa oficializó ante el Consejo Nacional Electoral su pedido de una Consulta Popular que ha llamado pacto ético.
La idea persistente en el discurso del Presidente es que ninguna dignidad de elección popular y nadie que ejerza cargos públicos tenga bienes o capitales en los paraísos fiscales.
Para ello su petición de sumar una nueva papeleta -con una pregunta en ese sentido y ante la cual los votantes deberá pronunciarse por un Sí o un No- coincidirá con el próximo proceso electoral de febrero de 2017.
El planteamiento no incluye a funcionarios o dignatarios que tengan dineros o bienes en el exterior, sino solamente a aquellos que los posean en los considerados paraísos fiscales.
Esa es una primera diferenciación debatible, ya que la denominación de paraíso fiscal corresponde a un listado de países elaborado con criterios que se han ido modificando, tanto así que muchos países han salido o entrado en esas listas.
Con la aceptación de la Consulta por parte de la autoridad electoral y previo el pronunciamiento de la Corte Constitucional, que se dan por hechos en vista de la cercanía de los miembros de esos organismos y de las acciones tomadas en pasados fallos, el Presidente entrará en campaña. No se sabe qué opinen los candidatos a la Presidencia, ni siquiera el del oficialismo.
Correa se convertirá, en virtud de la pregunta, en un actor determinante, y la campaña electoral puede tener un giro impredecible.