Una superintendencia más

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La aprobación por parte de la Asamblea Nacional de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo levanta reacciones de todo tipo.

El cuerpo legal -que ahora está en manos del Presidente de la República, quien dispone de 30 días para avalarlo o vetarlo-, contempla la creación de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. Si pasa, esta será una más en el ya obeso aparato gubernamental, que cuenta con cinco instancias con similar denominación.

Los mayores reparos se centran en la integración y en las funciones que cumplirá esta Superintendencia.

Incluso antes de su aprobación por parte del Legislativo con mayoría oficialista, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, por ejemplo, ya había anunciado que no acatará la norma. En la misma línea de oposición se halla el burgomaestre de Quito, Mauricio Rodas.

El sector que rechaza la norma esgrime un argumento que tiene su lógica: no hay garantías de que la Ley no alterará el funcionamiento de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y la descentralización. Vale recordar que esta última había sido parte de la plataforma política de Alianza País.

La normativa, además, contempla sanciones a los GAD y las multas incluso pudieran aplicarse a las autoridades de los gobiernos seccionales.

Al igual que en otras leyes aprobadas por la Legislatura, existe la percepción de que el debate del ordenamiento territorial no ha sido suficiente.