El Presidente ve en la consulta popular una opción legítima de entregar al ciudadano la oportunidad de decidir un camino.
Desde que se empezó a dialogar sobre esta idea como una salida ante los bloqueos a la gestión del actual Gobierno, amplios sectores sociales y políticos se han manifestado de acuerdo. Esos actores políticos y sociales no necesariamente son aliados del Presidente pero coinciden en algunos temas: lucha contra la corrupción, cambios en la acción del Consejo de Participación Ciudadana en la selección de autoridades de control, el papel de algunas de esas autoridades en el anterior período y la opción de renovarlas en el menor tiempo posible, la independencia de la justicia sometida a relaciones poco adecuadas con el modelo de poder concentrado que imperó en la década pasada, o la reelección indefinida.
La verdadera dificultad estriba en afinar una agenda de preguntas claras sobre los temas más importantes para la vida política del país, combinándolas con los aspectos sociales más urgentes.
El Régimen anterior empleó y hasta abusó de la facultad de someter los más diversos temas a consulta. No se vería como una posición razonable que alguien proveniente de esa vertiente cuestione ahora el mecanismo que impulsa el Presidente de la República.
Otro tema definitivo será el tiempo. Por un lado está el momento adecuado frente a un capital político, que, como se sabe, no es eterno; y, por otro, los tiempos que demora el proceso en sí.