El sobreseimiento de Manuela Pacheco Zapata y Manuel Trujillo Secaira es una buena noticia, pero pone nuevamente de relieve un asunto complicado.
El Tribunal de Garantías Penales de la provincia de Bolívar declaró inocentes a los dos dirigentes de la comunidad de San Pablo de Amalí. Ambos afrontaban cargos de terrorismo organizado. Los dos encabezaron la oposición al proyecto hidroeléctrico San José del Tambo, que derivó incluso en choques con la fuerza pública, en agosto del 2012.
El fallo, si se quiere inesperado por la deriva que han tomado otros procesos de la misma naturaleza, ofrece algunas lecturas. Una de ellas: hace abrigar la esperanza de que sea el inicio de deseados cambios en el manejo de casos así por parte de los órganos de Justicia.
Pacheco y Trujillo ejercieron su derecho a la resistencia, que se consagra en la Constitución de Montecristi. Una Carta Magna que el oficialismo había dicho que fue redactada para durar 300 años.
La causa en contra de los dos dirigentes es la punta del ovillo de una hilera de juicios parecidos. Este Diario, que citó datos entregados por la Fiscalía, publicó que de enero a diciembre del 2015 hubo 16 denuncias por terrorismo en ocho provincias y otras 21 por sabotaje.
También es emblemático el caso de Francisco Sampedro, detenido en Guayaquil, el pasado 26 de noviembre en las movilizaciones contra las enmiendas constitucionales.Ha sido acusado de tráfico de armas de fuego y químicas.
La absolución de los activistas, asimismo, plantea de nuevo el real tema de fondo: si los cargos por terrorismo deben imputarse a los participantes en las manifestaciones. Entidades como Human Rights Watch, que no son bien vistas por el Gobierno, creen que no.