Juzgados especiales

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La Corte Constitucional (CC) debe pronunciarse, ojalá esta vez con la celeridad debida, sobre la jurisdicción de la Unidad Especial de Crimen Organizado.

Dicha Unidad, con un local adecuado, con la seguridad exigida y situada en Quito, debía entrar a trabajar mañana.

La Sala Penal de la Corte de Pichincha bloqueó la iniciativa. Ahora la decisión está en manos de la CC, que en este momento está concentrada en su evaluación a cargo del Consejo de Participación Ciudadana transitorio.

Lo importante es que el poder público tome conciencia de la urgencia de la medida. Jueces especializados y acciones de blindaje situarían los casos más delicados que ahora se tratan en zonas de frontera, lejos de las presiones que ahí reciben jueces, fiscales, personal de los juzgados y hasta los familiares de los funcionarios de justicia.

Si esa consideración es importante en condiciones normales, lo es con mayor razón ahora que han recrudecido la violencia y los actos criminales como atentados, secuestros y asesinatos.

Actualmente, los jueces, fiscales y sus familias tienen custodia policial y seguridades, pero es lógico suponer que este tipo de presiones les impide actuar con libertad y en derecho. Ellos piden soluciones a su situación.

La reubicación de juicios y hasta la existencia de ‘jueces sin rostro’ han dado frutos en España o en Colombia, en momentos crudos de la lucha antiterrorista o contra las mafias del narcotráfico. La sensatez se impone.